La Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y después de la presentación de alegatos por parte de la Fiscalía General de la República y la defensa, las bancadas se enfrascaron en un largo debate, el PAN insistió que la decisión final la tiene la legislatura de la entidad, pero Morena reviró: “¡Va a la cárcel, sí o sí!”
Tras aprobarse el desafuero y en paralelo a la decisión del Congreso de Tamaulipas que rechazó la declaratoria de procedencia contra el gobernador, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez, es inatacable. “No hay una instancia revisora, de reconsideración, no existe instancia, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Es absolutamente inatacable, es de aplicación directa no de interpretación”.
El dictamen de la Sección Instructora se aprobó por 362 votos en favor de Morena y sus aliados. La oposición sumó 134 votos en contra y se registraron 14 abstenciones, la mayoría del PRI.
Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri (PRI), declaró que “ha lugar a proceder en contra” del gobernador y ordenó comunicar la resolución al Congreso del estado, “para los efectos del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”.
Dicho párrafo prevé que “para proceder penalmente en contra de los ejecutivos estatales… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena), dijo que se comprobó el delito de defraudación fiscal agravada, como se concluyó de la compulsa entre los ingresos y la defraudación fiscal de García Cabeza de Vaca.
Frente al argumento del PAN, respecto de que no es urgente el desafuero porque el delito prescribiría hasta 2029, Pablo Gómez expuso que sería como admitir el retraso de la justiciad ante una situación política muy especial.
El delito por el cual se decidió el desafuero, para que la FGR esté en posibilidad de solicitar la detención y presentarlo ante un. Juez, “no es meramente culposo”, expuso el legislador y dijo que el daño por la elusión fiscal de 6.5 millones de pesos se causó no solo ante la Hacienda federal, sino a los ingresos de Tamaulipas.
Desde la tribuna, PAN, PRI y PRD -que van en alianza al proceso del 6 de junio- reclamaron que el desafuero tiene su origen en un manejo político de la justicia, e incluso el blanquiazul acusó una venganza política contra el gobernador surgido de sus filas.
Acompañado de legisladores de su grupo que extendieron una manta en la que se leía “¡Basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia!”, el coordinador de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el juicio de procedencia de este viernes fue una “burda intención de impactar el proceso que está en marcha”.
En respuesta, desde las curules de Morena y sus aliados se escuchó: “¡Cómplices! Los panistas respondieron: “¡Paleros!” Desde las filas de la mayoría reviraron: “¡Sus gobernadores son narcos ¡Narcos!”
Más tarde, la panista Adriana Dávila retomó los escándalos de abuso en que se han involucrado militantes de Morena. Expuso: “El desafuero es un caso político con tinte electoral. No se le acusa de acosador, violador, ladrón o pederasta… Su pecado es ser un gobernador que emana del voto democrático, como el Presidente, les guste o no”.
La oposición intentó comparar el desafuero de hoy con el del presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005. Rubén Cayetano (Morena) cuestionó: “¿Qué comparan la defraudación fiscal con el ‘delito’ de abrir una calle, con defraudación fiscal? Andaban hasta pagando la fianza cuando se dieron cuenta que se les pasó la mano”.
Se refería a los 2 mil pesos que Gabriela Cuevas, hoy diputada por Morena, pagó en aquel año, maniobra que López Obrador rechazó por quienes promovieron su desafuero.
Monserrat Navarro Pérez, también de Morena, sostuvo que a PRI, PAN y PRD la corrupción “los une y los identifica, por eso hacen coalición, porque son idénticos. Este proyecto señala que la Sección Instructora tuvo plena certeza de diversos acadios delictivos. ¡Dejen de defender a un delincuente!”
A su vez, Fabiola Loya (MC), cuestionó la celeridad que se dio al desafuero de Cabeza de Vaca, pero se retrasaron otros casos, solicitados con anterioridad, como el del diputado Mauricio Toledo (PT) y la decisión de desechar el del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.
Ante las posturas de diputados del PT, la diputada Sol Merino (PRI), ventiló que Benjamín Saúl Huerta Corona, el diputado de Morena acusado de violación agravada contra un menor de 15 años, tiene una semana sin asistir a las sesiones. “¡Lo vamos a desaforar!”, ofrecieron los petistas.
